El gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó una resolución que establece la georreferenciación de las restricciones a las aplicaciones de agrotóxicos. Si bien el organismo de implementación de esta norma es la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, se establece que serán los municipios los que deban adherir voluntariamente a la misma para ser partes del mapa que luego se elaborará con la información obtenida. Desde las asambleas socioambientales muestran desconfianza y reclaman medidas concretas.
Según información oficial, de los 135 partidos bonaerenses, 73 cuentan con algún tipo de ordenanza que restringe espacialmente el uso de agrotóxicos. La iniciativa de la provincia tiene por finalidad, entonces, representar gráficamente las restricciones territoriales para las aplicaciones, determinadas por cada ordenanza. Entre las explicaciones que dio el Estado provincial para esta propuesta es que la misma emerge de los encuentros que el Observatorio Técnico de Agroquímicos tuvo con los gobiernos locales. El Observatorio realizó esa experiencia consultiva a los fines de crear una reforma de la Ley 10.699, que tiene 24 años y no establece límites a las aspersiones, pero aún no se informaron avances en este sentido.
Al conocer la nueva medida, desde el colectivo Exaltación Salud manifestaron: “La Provincia tiene una deuda enorme con la salud pública de las y los bonaerenses y una demora inadmisible ante la gravedad de la emergencia socioambiental”. También afirman que esta decisión muestra que “políticamente no tienen intenciones de prohibir las aplicaciones, que siguen apoyando la falacia de que con ‘buenas prácticas’ o fiscalizaciones esos agrotóxicos pueden ser controlados”.
El texto de la Resolución 297, publicado en el Boletín Oficial el 9 de agosto, señala que la georreferenciación posibilitará: “que las aplicaciones de agroquímicos establecidas tanto en las ordenanzas municipales en el marco de sus competencias como a nivel provincial por la Ley N° 10.699 y su Decreto Reglamentario N° 499/91, cuenten con una herramienta de visualización ágil y de fácil acceso que sirva de insumo para el desarrollo de políticas públicas en la materia”.
“Poner manos a la obra”
Para Jorge Picorelli, de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata, estas “son acciones que hacen para ‘disfrazarse’ de verde pero que después son una herramienta para ocultar otras cosas o para decir que van por el camino correcto”. El activista cuenta que, en la zona rural donde vive, no existen los controles. En 2013 el Concejo Municipal del partido de General Pueyrredón prohibió las fumigaciones a cien metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud y a 25 metros de cursos de agua, clubes, camping, villas deportivas y complejos turísticos. Por esa norma hay una medida cautelar que establece 1000 metros como límite. ¿Cuál será, entonces, la distancia que tenga en cuenta la georreferenciación de la Provincia?
“Si quieren hacer algo no tienen que sacar ninguna resolución, la Constitución ya dice lo que tienen que hacer que es: manos a la obra”, dice Picorelli. A la vez, comenta que la nueva resolución le genera desconfianza y a los hechos se remite: “Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Ambiente de la Nación donde Juan Cabandié apoya absolutamente el extractivismo. A él le tocó convalidar el estudio de impacto ambiental de las petroleras, el estudio estaba mal hecho y en eso se basó el Poder Judicial para dictar la medida cautelar y frenar la exploración offshore del Mar Argentino. Hoy tiene denuncias por las quemas en Rosario y en Entre Ríos y no hace nada”.
Su compañera, Marcela Lupini, agrega: “En General Pueyrredón adhirieron a la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) pero fue una puesta en escena porque, cuando denunciamos que están fumigando, llegan a controlar una semana después. Por eso no creemos en adherir a resoluciones vacías”.
La salud no se negocia
Las y los activistas socioambientales de Exaltación de la Cruz dejan en claro que la medida muestra que “no tienen siquiera las herramientas para saber dónde se aplica en el territorio, algo que buscaría subsanar este mapa” y se preguntan “cuándo empezarán a prohibir agrotóxicos, plaguicidas y fertilizantes peligrosos, cuándo empezarán a alejarlos de la gente”. E Concejo Deliberante rechazó, en agosto de 2021, una ordenanza que aumentaba a 1000 metros la zona de resguardo, hoy establecida en 150 metros. El hecho generó el repudio de la población y una medida cautelar que avala el reclamo de la población en pos de incrementar las distancias.
Tras conocer la iniciativa de la georreferenciación, desde Exaltación Salud adelantaron que el mapa que se elaborará “mostrará lo que sabemos, que en la mayoría de los municipios se puede aplicar en casi todos lados”. Y cuestionan que no se mencionen las medidas judiciales existentes, como en el caso de General Pueyrredón o de Exaltación de la Cruz.
La gestión debería empezar —reclaman desde la Asamblea Exaltación Salud— por prohibir totalmente los 140 plaguicidas en uso en el país, que están prohibidos en otros lugares del mundo por su peligrosidad para las personas y el ambiente. “Exigimos que el mayor esfuerzo lo pongan en prohibir plaguicidas y fertilizantes peligrosos y en apoyar la agricultura sin agrotóxicos”, manifiestan en un comunicado. Agregan que “la salud vale más que cualquier actividad productiva: no se negocia y no tiene precio”.
Sin políticas efectivas
La normativa se presentó como el resultado de las reuniones mantenidas en 2021 entre el Observatorio Técnico Agroquímico de Buenos Aires y los municipios. Allí, indica el texto, se hizo evidente “la necesidad de contar con una herramienta que posibilite una representación gráfica que plasme las regulaciones territoriales impuestas en el ámbito local y las restricciones a las aplicaciones de agroquímicos contemplando la normativa de aquellos municipios que regulan sobre la temática”.
En esos encuentros diversos organismos manifestaron la necesidad de erradicar el uso de agrotóxicos para preservar la salud humana y el ambiente. Sin embargo, la georreferenciación parece ir en el sentido inverso. Su resolución señala “que en ese marco, se visualizó la necesidad de establecer nuevas acciones a ser conducidas por el Observatorio Técnico de Agroquímicos para instrumentar futuras herramientas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos dispuestos en materia de uso y aplicación de agroquímicos”.
