Por Nahuel Lag
La asunción del ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa, llegó con un rápido llamado a las entidades del agronegocio representadas en la Mesa de Enlace para “trabajar juntos”. En 20 días de gestión, el “superministro” concretó tres reuniones con el sector, dos con su presencia en la mesa de negociaciones. El sector que aún no fue convocado fue el de la agricultura familiar campesina-indígena, el de los pequeños productores. A principios de junio, dos meses antes de los cambios de ministerios, el presidente Alberto Fernández y el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometieron la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, pendiente desde 2014, en un acto compartido con las organizaciones campesinas y anunció un fondo de 100 millones de dólares. Esa promesa aún está pendiente y ni Massa ni el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocaron a las organizaciones campesinas para avanzar en temas urgentes como la Ley de Acceso a la Tierra.
El anuncio de reglamentación de la ley de Agricultura Familiar –que el presidente ya había prometido en 2020– se realizó en el marco del Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Cafci) en el Centro Cultura CCK, donde participaron organizaciones como el MTE-Rural, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-Somos Tierra) y el Frente Agrario Evita, con particular representación ya que estuvieron sentados en la mesa el referente del Evita, Emilio Pérsico; y el titular de Agricultura Familiar, Miguel Gómez (también del Movimiento Evita).
Gómez, según dijo a Tierra Viva, ya mantuvo un primer encuentro con Bahillo y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena. “Se está trabajando en la reglamentación sobre todo en el artículo presupuestario. Entendemos que en cuanto se termine de acomodar la estructura del nuevo ministerio, estando todas las autoridades designadas, podremos retomar con urgencia el tema”, aseguró el titular de Agricultura Familiar.
“Hasta ahora el texto no ha sido facilitado. No tenemos conocimiento de la reglamentación, por lo que no podemos opinar ni proponer nada. Lo hemos pedido, pero desconocemos hasta hoy el contenido”, lamentó Natalia Manini, referente del MNCI-Somos Tierra, organización que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe).
Desde el MTE-Rural se movilizaron el 3 de agosto, al cumplirse dos meses con la promesa de la reglamentación incumplida, al Congreso para exigir también la sanción de una Ley de Fomento a la Agroecología y la Ley de Acceso a la Tierra, que perdió estado parlamentario, a pesar de haber sido consensuada por las organizaciones campesinas y presentada junto a la entonces vicejefa del bloque del Frente de Todos y ahora presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
“Hay una postergación, en general, de avanzar en las leyes que necesita el sector de la agricultura familiar. Sea la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar o la Ley de Acceso a la Tierra. Hablamos de un sector estratégico en la producción de alimentos. Sin estas reglamentaciones seguimos a la defensiva en el cuidado de los territorios, en la producción de alimentos y en las inversiones en infraestructura para nuestro sector”, apuntó Lautaro Leveratto, referente nacional del MTE-Rural en diálogo con Tierra Viva y sentenció: “En materia de leyes para el sector estamos en la misma situación que en el gobierno de Mauricio Macri. Queda solo un año de mandato del Frente de Todos”.
Gómez señaló que el compromiso de los 100 millones de dólares provenientes del Banco Mundial para la implementación de la Ley 27.118 “está vigente” y señaló que se mantuvieron reuniones con las áreas del Ejecutivo que administran los fondos “para pensar mecanismos ágiles de ejecución y garantizar que los recursos lleguen a todo el sector de la agricultura familiar” con programas que permitan simplificar los requisitos de acceso a los créditos internacionales con la conformación, por ejemplo, de consorcios productivos. La falta de fondos o la demora en su asignación son otros de los reclamos del sector en la actual gestión.
La Ley de Agricultura Familiar sufrió desde su sanción, en 2014, una estocada: la eliminación del artículo 33 que aseguraba asignación por Presupuesto nacional. Gómez señaló que ese punto “es parte de la discusión”. “Entendemos que la reparación histórica y el desarrollo del sector es imposible sin un presupuesto acorde, planificado y sostenido”, indicó.
La agricultura familiar y la agenda del superministro
A dos horas de su asunción a principios de agosto, Sergio Massa llamó a la Mesa de Enlace a “trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos”. En menos de 20 días hubo tres reuniones con las entidades del agronegocio, la última en la sede de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), donde Massa avanzó en negociaciones para modificar el régimen de dólar soja para que los exportadores puedan comprar más dólares y la promesa de “salir del esquema de retenciones” con una ley a negociar en el Congreso.
Antes de asumir había acordado, según trascendió, con Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y ex ejecutivo de Bayer-Monsanto, la liquidación de los primeros dólares que “el campo” retuvo durante la corrida financiera de julio. Idígoras es uno de los impulsores de la Ley Agroindustrial, que ahora vuelve a sonar entre las medidas que el Ejecutivo podrá empujar en el Congreso.
“Con Domínguez pudimos reunirnos como Mesa Agroalimentaria para solicitarle programas para las cooperativas, las pequeñas empresas agropecuarias, la agricultura familiar campesino-indígena y promover la agroecología como modelo. Tenemos diálogo e intentamos mantenerlo con distintos funcionarios, pero no hemos tenido una reunión aún ni con el Ministro ni con el Secretario”, apunta la referente del MNCI-Somos Tierra. Aunque comprende los “tiempos de reestructuración” en el Poder Ejecutivo, Manini reivindica al sector campesino y de pequeños productores al afirmar que “las políticas de que proponemos y realizamos en los territorios son las que van a bajar el precio de los alimentos frente a la dinámica del agronegocio que es la de la concentración, la especulación, el encarecimiento de los alimentos y de su transporte”. Entre las propuestas, destaca el reciente Mercado Popular abierto en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora.
Por su parte, Leveratto marcó la preocupación con la que se ve desde el MTE-Rural el perfil marcado por el superministro. “Decide sentarse únicamente con el sector de la Mesa de Enlace y los que generamos miles de puestos de trabajo vemos postergadas nuestras demandas. No es un rumbo correcto el que toma, genera más conflicto e incertidumbre. No hay una planificación en el desarrollo agrario que incluya a las familias agricultoras”, sentencia.
Ley de Agricultura Familiar, acceso a la tierra y protección de semillas
La reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar es urgente y relevante para las organizaciones campesinas ya que contempla la suspensión de desalojos, la creación de un Banco de Tierras –algo a lo que el presidente Alberto Fernández también se comprometió– y crea el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), una política amenazada por la pretensión de las multinacionales del agronegocio que buscan modificar la Ley de Semillas para cobrar derechos de propiedad intelectual. El ex ministro Domínguez prometió avanzar en la modificación de la Ley de Semillas y Bahillo confirmó que es un tema en agenda.
“La Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra son las grandes deudas pendientes de este Gobierno para con el sector de la agricultura familiar”, denuncia la referente del MNCI-Somos Tierra y marca la imposibilidad de “promover y resolver el problema de la alimentación y el cuidado del ambiente, a través de la agroecología, sino se resuelve la situación de la mayoría de los horticultores que tienen una situación muy precaria de la tierra”.
Para el referente del MTE-Rural la falta de impulso a la Ley de Acceso a la Tierra y la puesta en marcha de un Banco de Tierras demuestra que “hay una crisis en una mirada de proyecto nacional”. “La implementación del banco de tierras es una necesidad de urgente implementación porque habilita inmediatamente: abastecimiento, producción de alimentos y generación de puestos de trabajo”, asegura.
El titular de la Secretaría de Agricultura Familiar comparte que se trata de “un tema importante y complejo” y que “hay que resolver cuanto antes”, aunque compensa la pendiente reglamentación del Banco de Tierras con el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), “para el cual esperamos poder contar con mayor presupuesto lo antes posible para avanzar con las mensuras de posesión, el asesoramiento y la regularización de tierras”. Y agrega que se sostiene un “abordaje de conflictos territoriales” con seguimiento a unos 80 conflicto por la tierra.
El otro punto central de la norma es la creación de la Ceprosena. Gómez advierte que la ley que impulsaba Domínguez “excluye explícitamente de ciertos compromisos al sector de la agricultura familiar, más allá de que estemos más o menos de acuerdo” y destacó que desde su Secretaría se puso en marcha el programa SemillAR, que promueve, acompaña proyectos y da asistencia técnica al desarrollo de las experiencias de las semillas criollas y nativas.
El funcionario e integrante del Frente Agrario Evita señaló que se avanzó en la conformación los Ceprosena previstos en la Ley de de Agricultura Familiar y, en articulación con el INTA y el Inase –conducido desde principios de 2022 por Obdulio San Martín, ex director general de Don Mario, empresa semillera argentina– se ordenó el registro, identificación y comercialización de Semillas Criollas, que habilita a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y en el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar (Renoaf) a abastecer a los estados provinciales y a programas como el ProHuerta.
“Si vamos a transformar en política pública los intereses de las multinacionales del agro estamos perdidos como nación porque hace a una erosión genética y disminución de la biodiversidad. Al poder fáctico de las empresas del agronegocio hay que contraponerse no solamente con la denuncia y la crítica a esos proyectos que buscan dar privilegios sino en nuestra prácticas concretas, que tiene que ver con la recuperación y multiplicación de semillas nativas”, advierte y propone la referente del MNCI-Somos Tierra.
Un sector con futuro y propuestas para otro modelo productivo
“Sigue habiendo un desconocimiento profundo de la capacidad productiva de nuestro sector, algo que los funcionarios podrían resolver con un día de visita a los territorios. Desconocer nuestra actividad productiva, que genera miles de puestos de trabajo y alimentos, es desconocer el sector agropecuario”, apunta Leveratto y lamenta la mirada persistente en la que “el único sector productivo que existe es el que produce cereales y oleaginosas para la exportación”. Por lo que propone la necesidad de ir a la unidad de las organizaciones de la agricultura familiar, a través de una federación, que “tenga poder de lobby ante el Estado y el poder político necesario”.
Desde la Mesa Agroalimentaria, Manini valora que “la agroecología viene ganando un lugar importante en la sociedad en general y en los funcionarios en particular”, pero marca una diferencia con el paso lento de las políticas públicas: “Para nosotros no es una alternativa a otra forma de producir sino la única forma de hacerlo para producir alimentos sanos para los pueblos. El modelo del agronegocio ha degradado el planeta y el ambiente a una velocidad voraz”.
En ese sentido, la referenta del MNCI-Somos Tierra adelantó que la Mesa Agroalimentaria presentará en septiembre cinco propuestas legislativas para poder cultivar de manera sostenible con el ambiente, producir alimentos sanos, bajar los costos y la especulación: Acceso a la Tierra, Financiamiento Cooperativo en Transición a la Agroecología, Ley de Arrendamiento, Ley de Segmentación de Retenciones y una Ley de Relevamiento de Poseedores y Áreas Campesinos.
Mientras tanto, el Secretario de Agricultura Familiar señaló que en la agenda urgente está “la reglamentación de la Ley, el funcionamiento del Cafci y la continuidad de la agenda de programas que venimos llevando adelante para la agricultura familiar, como los programas de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), el Programa Nacional de Asistencia Crítica y Directa (Pacyd), el Plan Nacional de Acceso al Agua y el Plan Nacional para mujeres rurales ‘En nuestras Manos’”.
“Es innegable el rol que tiene la agricultura familiar campesina-indígena en la producción de los alimentos, pero hace falta aún ampliar el compromiso para visibilizar esto y ponerlo en valor frente al resto de la sociedad y también hacia adentro de la gestión. En ese camino vamos, hay predisposición al debate y eso ya es importante, pero no alcanza”, reconoce Gómez e indica: “Falta avanzar mucho más, tenemos que generar más política y programas para el sector, además de fortalecer y poner recursos a los programas que venimos desarrollando”.
La Ley de Agricultura Familiar, sancionada en 2014, aún espera la reglamentación prometida.
