Por Mariángeles Guerrero
En ambas cámaras del Congreso de la Nación tienen estado parlamentario proyectos de ley sobre agroecología y protección del medioambiente en la producción de alimentos. Otros establecen zonas de resguardo ambiental frente a las fumigaciones con agrotóxicos, mientras que uno de ellos propone las denominadas «Buenas Prácticas Agrícolas». Son cinco proyectos en la Cámara Baja y tres en el Senado. Camino a las elecciones de medio término, que modificarán la conformación del Poder Legislativo, un repaso sobre la agenda pendiente para fortalecer la producción de la agricultura familiar y campesina, preservar la salud de los pueblos fumigados y el impacto del modelo del agronegocio en el ambiente.
Promoción de la agroecología
El 14 de junio de este año, el diputado mendocino Eber Pérez Plaza (Frente de Todos) presentó su proyecto de ley de promoción a la producción, comercialización y consumo de alimentos agroecológicos. La iniciativa entiende por agroecología a “todo sistema de producción agropecuario y su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura, caza y pesca, sustentables en el tiempo, que promuevan la biodiversidad y que, mediante el manejo racional de los recursos naturales, generen servicios ecosistémicos, evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana”.
Además del marco productivo, el proyecto valora la producción agroecológica en su plano ambiental al describirla como aquel sistema que “brinde productos sanos e inocuos, mantenga o incremente la fertilidad y sostenibilidad de los suelos junto a la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y ambientales, atendiendo al mismo tiempo a la necesidad de sistemas alimentarios socialmente justos en los que las personas puedan elegir lo que comen así como el modo y el lugar de producción de los alimentos, proporcionando seguridad y soberanía alimentaria“.
La iniciativa propone que, para permitir la clara identificación de los productos agroecológicos, deberán presentarse declaraciones juradas con trazabilidad por ingenieros agrónomos matriculados. Las mismas serán verificadas y validadas por la autoridad de aplicación. Las declaraciones juradas serán anuales y deberán contener un análisis de traza de agroquímicos en suelos y cultivos. Además, crea un registro de personas y empresas que elaboran alimentos con sistemas agroecológicos. El mismo será obligatorio para quienes deseen recibir los beneficios establecidos por esta ley y para quienes quieran iniciar la transición agroecológica.
De aprobarse, la norma faculta al Poder Ejecutivo para impulsar moratorias, planes de pago y demás beneficios para colaborar en la transición hacia la agroecología. A su vez, crea el Fondo de Promoción para la Agroecología. El mismo otorgará créditos a tasas que no podrán superar el 50 por ciento de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para posibilitar la transición.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo será responsable de la promoción en los mercados internos y externos de los productos agroecológicos. Además, se implementará el etiquetado Argentina Agroecológica, con un código QR que brindará información de la trazabilidad de los productos y datos del establecimiento productivo.
Un día después, el 15 de junio, y con el respaldo del ministro de Agricultura, Luis Basterra, y el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita-Frente de Todos) presentó un proyecto de similares características. La iniciativa tiene como objeto el fomento, la promoción y el fortalecimiento de políticas y acciones para el desarrollo de la agroecología como sistema integral de producción, comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos.
Asimismo, busca promover la integración a los planes de ordenamiento territorial, en sus diversas escalas, de acciones tendientes a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones agroecológicas. Además, propone la creación del Registro Nacional de Producciones Agropecuarias.
Una de las diferencias con el proyecto presentado por el mendocino Pérez Plaza está en el proceso de certificación de los productos agroecológicos. La iniciativa de Grosso también propone la creación de un código de identificación, pero generado a partir de un proceso de certificación con un sistema participativo, entre productores y consumidores e instituciones del Estado. También estipula que se desarrollen campañas de difusión sobre el consumo y producción de alimentos agroecológicos y que se fomente la educación agroecológica.
El proyecto de ley establece el derecho a acceder a tecnologías apropiadas para el desarrollo y mejora de la producción agroecológica, teniendo en consideración la diversidad de procesos y contextos existentes. Se establecerán mecanismos de incentivos fiscales y herramientas financieras para productores agroecológicos colectivos e individuales, así como para iniciar un proceso de transición. La iniciativa también crea el Fondo Nacional de Fomento a la Agroecología.
En caso de aprobarse, la ley alcanzará a productoras y productores rurales, periurbanos y urbanos que realicen sus actividades de forma individual, familiar, colectiva, comunitaria o asociativa. Además, la norma abre la posibilidad de regular y prohibir el ejercicio de actividades por parte de terceros que vulneren o restrinjan el derecho a ejercer libremente el desarrollo de la producción agroecológica.
El proyecto de Grosso se encuentra actualmente en las comisiones de Agricultura y ganadería, Recursos naturales y conservación del ambiente humano y Presupuesto y hacienda. Tanto la iniciativa de Pérez Plaza como la de Grosso tienen estado parlamentario -es decir, pueden ser tratadas- hasta marzo de 2023.
La agroecología necesita su ProCreAr Rural
El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, divulgado también como el “ProCreAr Rural”, es impulsado desde 2016 por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). En octubre de 2020 se presentó por tercera vez, con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Agricultura, Luis Basterra. La iniciativa cuenta con la firma de la diputada y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau y de otros 23 legisladores. En febrero de este año, el presidente, Alberto Fernández, se comprometió con respaldar el proyecto.
La iniciativa propone la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar. El objetivo del proyecto es crear una política rural de promoción del derecho a la vivienda para las familias agricultoras. El fondo tendrá como objeto facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas. El Banco Nación será el administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a ser utilizados para la agricultura familiar.
Según la norma podrán tramitar una solicitud de crédito hipotecario para un predio productivo aquellas personas humanas que cumplan los siguientes requisitos: no ser titular de bienes inmuebles; encontrarse debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF); o encontrarse en el proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, deberán tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.
Tendrán prioridad en la selección las mujeres solteras con hijos, los y las jóvenes, quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y quienes residan en el mismo distrito o municipio del predio a adquirir. Y como condición trabajar y explotar la tierra asignada en forma personal y con la colaboración directa de los miembros de su familia, además de procurar reducir progresivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en el predio.
El terreno asignado a través de esta normativa será intransferible por un periodo de 20 años y no podrá ser dividido ni arrendado o transferido bajo cualquier otra forma que implique desprenderse de la dirección de la explotación, ni ceder sus derechos sin consentimiento previo del Comité Ejecutivo del fideicomiso.
Este proyecto espera a ser discutido en las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de Diputados. De no tratarse, perderá estado parlamentario en marzo de 2022.
Los proyectos en el Senado, entre la agroecología y las “buenas prácticas”
El senador por Catamarca Dalmacio Mera (Frente de Todos) presentó -en mayo de este año- un proyecto de ley para establecer medidas de incentivo al consumo de productos alimenticios de origen ecológico, biológico u orgánico. Según esta iniciativa, las cadenas de supermercados deben asegurar que, al menos, el 15 por ciento de sus proveedores tengan al menos un producto alimenticio ecológico, biológico u orgánico, de producción regional producidos por micro y pequeñas empresas; por cooperativas y/o asociaciones mutuales, por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. La norma también propone establecer facilidades en los requisitos para la contratación, distribución y comercialización.
La iniciativa profundiza lo establecido en la reciente Ley de Góndolas y dispone la forma de exhibición y distribución de los productos ecológicos, biológicos u orgánicos. El proyecto de Mera propone que los productos deberán estar destacados con un isologotipo que exprese la leyenda “Compra Ecológica”. Además, el texto crea el Programa Nacional para el Incentivo del Consumo Alimenticio Ecológico. Este tendrá por finalidad el fomento de mercados de competencia en cada una de las instancias de la cadena de valor alimenticia. La propuesta permanece en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria y Comercio y Prespuesto y Hacienda del Senado. Tiene estado parlamentario hasta marzo de 2023.
Por otro lado, en junio de 2020, la legisladora bonaerense Gladys González (PRO – Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley de promoción de prácticas productivas agroecológicas y hábitos de consumo saludables. El mismo crea el Programa Nacional de Agricultura Familiar Sostenible, que tendrá como fin la promoción de prácticas de producción de alimentos sostenibles social, económica y ambientalmente con el objetivo de “constituir un sistema alimentario sostenible”. Luego de su presentación, fue derivado a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Presupuesto y Hacienda y Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La iniciativa entiende como agroecología al “enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas” con el “objetivo es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el ambiente”. Sin embargo, mantiene como principio de producción las “Buenas Prácticas Agropecuarias” (BPA), a las que considera “orientadas a cuidar la salud humana, proteger al ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores, sus familias y las comunidades en las que habitan”.
En ese sentido, cuatro meses después de presentar la iniciativa de fomento a la agroecología, en octubre de 2020, la senadora González presentó otra, tendiente a la creación de un programa de “Buenas Prácticas Agropecuarias”, con incentivos económicos para los productores. El objetivo es establecer una “política pública agroalimentaria que contribuya al desarrollo sostenible del sistema alimentario argentino”, a pesar de que las BPA mantienen el uso de agrotóxicos.
El segundo proyecto presentado por la senadora del PRO permanece sin tratamiento en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Hacienda y Presupuesto. Impulsa las Buenas Prácticas Agropecuarias y las describe como “el manejo responsable de los agroquímicos”, aplicándolos “a través de una receta agronómica emitida por un profesional ingeniero agrónomo u otro profesional universitario idóneo especializado en la materia”. Sus usuarios deberán “informar a la autoridad de aplicación los movimientos de dicho producto, las aplicaciones efectivas del mismo, las condiciones en las que se realizan dichas aplicaciones y todo otro aspecto que se determine por vía reglamentaria”, sostiene el proyecto.
Con similares argumentos, durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, se promulgó la rechazada Resolución 246, que habilita las fumigaciones con agrotóxicos sin distancia de resguardo hasta minutos antes del inicio de clases en las zonas rurales. La norma fue suspendida en 2019 y aún permanece prorrogada por el gobierno de Axel Kicillof.
De no ser tratadas, las iniciativas de González caducarán en marzo del año que viene.
Zonas de resguardo ambiental, una frontera para la agroecología
Más allá de la promoción de las BPA por parte del agronegocio y los programas de promoción impulsados por los gobiernos provinciales, los pueblos fumigados construyeron otras propuestas de protección frente a las aplicaciones de agrotóxicos, denominadas zonas de resguardo ambiental, que se corporizaron en decenas de ordenanzas municipales en todo el país. Con ese espíritu, en Diputados hay un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos, que autoriza al Ejecutivo a establecer áreas de protección ambiental y a ampliarlas con el objetivo “del cuidado de la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”.
El texto prohíbe las siguientes prácticas:
- Aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas.
- Aplicación terrestre, manual o mecánica, de agroquímicos a menos de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua.
- Aplicación aérea de agroquímicos a menos de 5000 metros, quedando prohibido el sobrevuelo sobre zonas pobladas, aún después de agotada la carga.
- Tránsito, circulación, estacionamiento, guarda o depósito de las maquinarias con carga de agroquímicos dentro de las áreas urbanas.
- Aplicación de agroquímicos y la manipulación de sus residuos en presencia de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años inclusive; y la encomienda de tareas a título oneroso o gratuito que, en forma directa o indirecta, los vinculen con la manipulación de los agroquímicos o sus residuos.
“Cuando existiere duda razonable acerca de la delimitación del área de protección ambiental será obligación del aplicador solicitar a las autoridades competentes la delimitación de la zona prohibida”, advierte la iniciativa que también presentó Leonardo Grosso. La norma que busca resguardar la salud y el ambiente, define a los agroquímicos como aquellas sustancias aplicadas para “controlar o destruir cualquier plaga, incluyendo las especies no deseadas de vida animal o vegetal, que causan perjuicio o interferencia en la producción, elaboración, transporte o almacenamiento de los vegetales, sus productos y derivados” y enumera: plaguicidas, herbicidas, defoliantes, desecantes, coadyuvantes y las sustancias reguladoras del crecimiento vegetal o fitorreguladores.
El proyecto propone que las prohibiciones empezarán a regir a los dos años de sancionada la ley y su incumplimiento conllevará apercibimientos o multas, que irán desde entre el 5 y el 50 por ciento del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción hasta la incautación definitiva de los vehículos utilizados; además de la inhabilitación para gestionar trámites administrativos de transporte o venta del producto cosechado en donde se haya cometido la infracción. La propuesta legislativa cuenta con la firma de 17 diputados; de no tratarse vencerá en marzo próximo. Actualmente se encuentra en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Por otra parte, en mayo pasado, el senador Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto ley de presupuestos mínimos para la conservación del recurso natural suelo y recuperación de las tierras degradadas. El objetivo de la iniciativa, que está en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en Presupuesto y Hacienda y en Agricultura, Ganadería y Pesca, vuelve sobre las propuestas de las BPA y la sustentabilidad del actual modelo de agronegocio. Establece los presupuestos mínimos en el “uso apropiado de agroquímicos”, con la finalidad de “generar un abordaje unívoco y armonizado en todo el territorio nacional, que permita la efectiva trazabilidad, la sostenibilidad de la agricultura y la protección de la salud y el medio ambiente, fomentando la implementación de tecnologías alternativas que resulten menos contaminantes“.
Más allá del “uso apropiado”, la iniciativa también busca poner distancias de resguardo para la aplicación de agrotóxicos, aunque mucho menores a las ya consolidadas en las decenas de ordenanzas municipales y fallos judiciales a lo largo y ancho del país. La norma propuesta por Cobos propone prohibir la aplicación de agroquímicos en áreas urbanas; la aplicación aérea de agroquímicos a doscientos metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y las escuelas rurales; la aplicación terrestre, manual o mecánica, a cien metros de las áreas urbanas, asentamientos humanos y escuelas rurales. Su estado parlamentario vence en marzo del año que viene.
A su vez, el diputado Federico Zamarbide (UCR – Juntos por el Cambio) presentó otro proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la trazabilidad de agroquímicos. Para ello, regula el uso, almacenamiento, comercialización, y prescripción de los productos, sustancias o dispositivos destinados directa e indirectamente al uso agrícola, de origen natural o de síntesis, nacionales o importados. El proyecto podrá ser tratado hasta marzo de 2023: mientras tanto, espera a ser discutido en las comisiones de Agricultura y Ganadería, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Presupuesto y Hacienda.
El texto, en línea con el de promoción de BPA de su par en la Cámara alta Gladys González, menciona que los objetivos son “proteger la salud de la población y los recursos naturales; propender a una correcta y racional utilización de agroquímicos, de nuevas tecnologías menos contaminantes y el uso de plaguicidas específicos y asegurar que a los efectos del buen uso de los mismos” e “involucrar al consumidor final en la cadena de gestión y responsabilidad que debiera incumbir al uso y manejo de productos con potencial impacto ambiental negativo”.
En el país está vigente la Ley 27.279 de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, aprobado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, que no ha mermado las denuncias por el mal manejo del deposito final de los envases, al tiempo que ha originado sanciones como la aplicada a principio de año por el gobierno bonaerense sobre 70 empresas, que anticiparon que apelarían la decisión administrativa.
