Ley de Envases: por una gestión de residuos inclusiva y ambiental

Por Jésica Bustos

El Congreso nacional se prepara para debatir un proyecto de ley inédito en el país: reciclado de envases en todo el territorio nacional con inclusión social de las y los recuperadores urbanos. La responsabilidad extendida del productor vuelve a discutirse al calor de la organización del movimiento cartonero, que cuenta además con el apoyo de organizaciones ambientalistas y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros  y Recicladores (FACCyR), apoyados por organizaciones como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, presentaron este martes un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y envases post consumo. La presentación de la iniciativa se acompañó con una jornada federal de concentraciones en casi 20 provincias, en la que cientos de cartoneros y cartoneras organizadas se dieron cita en las plazas principales de sus ciudades para visibilizar el trabajo que hacen diariamente en los centros verdes y cooperativas. El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, recibió a una comitiva de las organizaciones que impulsan el proyecto el mismo martes con el compromiso de comenzar a trabajarlo en agosto, tras el receso parlamentario. La particularidad del proyecto es que propone la integración prioritaria en la cadena de gestión de los residuos a las y los trabajadores cartoneros y recicladores, y que vuelve a poner en agenda el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este principio está presente en la Ley General del Ambiente, que establece que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición”.

¿Cuántos desechos generamos y cómo los tratamos?

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe, se generan cerca de 231 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Al menos un 20 por ciento corresponde a materiales que pueden reciclarse, como cartón, papel, metal, vidrio y plástico, pero sólo se recupera un 5 por ciento. De acuerdo al diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, elaborado por el Banco Mundial, los distritos que más basura generan son Buenos Aires (19.665 Tn/día), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5792 Tn/día), Córdoba (3780 Tn/día) y Santa Fe (3525 Tn/día). En promedio, hablamos de entre 1 y 1,5 kilos de basura por día por habitante. Cada municipio y ciudad del país funciona de forma distinta en lo que a la gestión de residuos se refiere. Y, por lo general, lo hace de manera deficiente. Depende de cada jurisdicción el tratamiento que se le da a la basura, por lo que proliferan los basurales a cielo abierto y es alto el porcentaje de material reciclable que termina en los rellenos sanitarios. Esto se debe a la escasa o nula gestión integral de los residuos. Tampoco existen estadísticas certeras o estudios sobre la conformación de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional. Lo que se sabe es que las características de los mismos varían en función del poder adquisitivo de la población y que sin el correcto diagnóstico de la problemática, la basura sigue siendo una cuestión socioambiental y de salud púbica. Según estimaciones de oenegés dedicadas al recupero de material reciclable, en nuestro país se generan más de 900 mil toneladas de plásticos al año, pero se recicla un porcentaje muy escaso.

¿Qué plan propone la Ley de Envases?

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. En lo que toca a este proyecto, se propone recomponer el daño ambiental que producen los envases que no son reciclados. Entendiendo que la problemática de la basura afecta no sólo al suelo y al agua sino también a la salud de las personas. El proyecto prevé la conformación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente, que será la autoridad de aplicación de la norma. El SINAGE implementará programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases y la articulación y coordinación con los Sistemas de Gestión Local (SGL) para la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo. Los Sistemas de Gestión Locales, que serán elaborados por municipios u otras entidades, deberán contemplar un plan de integración social de recuperadores. Y será el Ministerio de Ambiente quien lleve adelante un registro nacional de trabajadores recicladores. Además, establece que todos los sistemas de gestión de envases son “servicios públicos esenciales” y propone crear el Registro de Envases o Embalajes donde se inscribirá el tipo de recipiente y su material, para evaluar su impacto sobre el ambiente. Esta inscripción será obligatoria para los productores tanto para envases y embalajes nuevos, como para los que ya existen en la cadena de comercialización. De esta manera, la ley promueve la reducción de la fabricación de envases nuevos y al mismo tiempo, la revalorización del material reciclable. La introducción de un Registro de Envases es el primer punto para establecer en la norma el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero además se propone crear una tasa ambiental sobre los productos alcanzados por la ley, que no supere al 3 por ciento del precio de venta del producto envasado y logre una protección mínima ambiental. ¿Cómo? Lo recaudado por esa tasa ambiental creará un fondo destinado a solventar los Sistemas de Gestión Local.

El Fondo para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FGE) tendrá carácter de fideicomiso y quedará bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, que será el encargado de distribuir los fondos para financiar el circuito de reciclado a nivel local. El fondo se nutrirá de la tasa ambiental, de las sumas asignadas por el Presupuesto nacional y aportes que genere la cartera de Ambiente, a través de programas internacionales, donaciones u otras estrategias de financiación. El incumplimiento de la norma por parte de la industria —no registrarse en el REP o no cumplir con el pago de la tasa ambiental— será sancionado con apercibimiento o multa de entre uno y doscientos sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional, la suspensión de la actividad entre un mes y hasta un año o el cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones. El proyecto incluye todos los envases introducidos por primera vez en el mercado, tanto de fabricación nacional como importados, y envases post consumo, que pueden ser de origen residencial, comercial e institucional, excepto aquellos que ya se encuentran regulados por normas específicas, como es el caso de los envases de agrotóxicos (Ley N° 27279).

“Dignificar el trabajo y garantizar el servicio de recolección”

Leonor Larraburu, presidenta de la Cooperativa 18 de abril en Escobar y referenta de la FACCyR destaca que el proyecto compromete a la industria “a pagar una tasa por el material que produce y saca al comercio”, que se traducirá en “dignificar el trabajo de los compañeros y garantizar el servicio de recolección”. Larraburu es clara en los objetivos, asegura que la mira está puesta en que “en cada distrito o ciudad los compañeros sean reconocidos, armen un sistema de reciclado con inclusión social que cuente con sus promotoras ambientales y se concientice así a los vecinos”. Y agrega que la meta es lograr que el trabajo de los recuperadores urbanos “se visibilice y se logre un puerta a puerta, donde el vecino le entregue al compañero la bolsa de material limpio y seco” y que ya no deban “estar sacando de un tacho o de las bolsas el material todo mezclado”. Ramiro Martínez, presidente de Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y fundador de la ONG Creando Conciencia, entiende que el desafío es grande y destaca que se llegó al proyecto de ley negociando entre un conjunto de organizaciones “como nunca antes se había concretado dentro del sector”. “El factor aglutinante de la Ley de Envases fue convocante para hablar en muchos casos de las diferencias y aunar criterios y objetivos comunes”, valora.

La conciencia del consumidor, la responsabilidad del productor

Martínez asegura que  la norma “es pionera en América Latina porque es una síntesis de todas las propuestas de las organizaciones que están involucradas dentro del sector”. A diferencia de otras propuestas o campañas en las que se le pide al consumidor que tome conciencia sobre sus prácticas y actúe en consecuencia, el proyecto de ley de envases parte de la responsabilidad que tienen las empresas que colocan sus productos en el mercado. El titular de Conarcoop explica que otro aspecto innovador del proyecto es que “se define la política de gestión que las grandes empresas deben incorporar hasta la última instancia de la cadena de producción ante cualquier residuo que generen” y contrapone: “En las legislaciones de muchos países del cono sur la responsabilidad siempre es del consumidor”. Sin embargo, reconoce que, seguramente, habrá resistencia de parte de las empresas porque quienes gestaron el proyecto de ley “van a fondo con una propuesta de distribución de la riqueza”, al sentar en una mesa de gestión de residuos al Estado, el sector privado y las organizaciones. Aquí se vuelve de algún modo al “principio de responsabilidad” presente en la Ley General del Ambiente y también sobre Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, sancionada en 2004, en la que se establecen  presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos y, por lo tanto, lograr la reducción de los residuos con destino a disposición final. Pero esa norma nacional —a diferencia de la Ley 992 de Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2002— no contempla el trabajo de los recuperadores urbanos.

Una ley pensada desde el territorio

El proyecto de Ley de Envases viene a cubrir un hueco en la legislación nacional, porque si bien existe un sector de la economía popular dedicado al reciclaje, no hay una norma que regule, controle o minimice la fabricación, circulación y disposición final de los envases. El porcentaje de material potencialmente reciclable sigue siendo bajo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se lleva adelante el programa Argentina Recicla que tiene como objetivo, acompañar el crecimiento de las cooperativas de reciclado en el país, mediante el otorgamiento de maquinaria e indumentaria que ayuden a formalizar el trabajo de cientos de cartoneras y cartoneros. Pero solo con un programa no alcanza. Susana Izaguirre es presidenta de la cooperativa Las Madreselvas, secretaria de ambiente y conducción del trabajo de la CTA, integrante de la mesa nacional de la FACCYR; es cartonera y feminista. “La ley implica un acuerdo amplio, con distintos sectores y espacios”, subraya y advierte que desde la cooperativa no hablan ni de “crisis climática” ni de “problemas ambientales” si se lo hace desvinculado de los problemas sociales, porque “la principal problemática ambiental es la desigualdad social”. Según Izaguirre, la ley tiene ese espíritu, el de “resolver los problemas ambientales con más trabajo, con más inclusión social, con mejores condiciones para todas y todos aquellos compañeros que están hoy en los basurales a cielo abierto trabajando sin medidas de seguridad ni derechos laborales”. Es que el proyecto de ley intenta visibilizar la realidad de miles de personas que se dedican ni más ni menos que a brindar un servicio público, por lo que les corresponden derechos laborales como a cualquier otro sector. “Tender esos lazos entre la crisis climática, el modelo productivo y las condiciones de vida y de trabajo, entre ‘lo social’, ‘lo económico’ y ‘lo ambiental’, depende en gran parte del apoyo de la sociedad, de la prioridad que se le dé a estos temas y de los esfuerzos que se hagan por visibilizar esas relaciones”, sostiene la presidenta de la cooperativa Madreselvas.

Una alianza por el ambiente

Cinthya Robles es secretaria de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática y que apoya este proyecto de Ley de Envases. “Debe ser una de las tantas leyes que se deben aplicar en conjunto con la Ley de Humedales o la Ley de Etiquetado Frontal”, apunta Robles sobre una política integral del cuidado del ambiente y la salud. Sobre el tema particular de los residuos y la falta de legislación para su tratamiento, la referenta de Alianza por el Clima pone atención sobre la contaminación: “En los basurales a cielo abierto, los residuos provocan gases de efecto invernadero, lo cual explica su relación con el cambio climático”, señala. Y suma que, además de la contaminación del suelo, en los basurales la “liberación de toxinas está en contacto directo con los cartoneros que trabajan allí, por ello, la ley busca revertir esta situación”. Otra pata fundamental del proyecto tiene que ver con la creación de los puestos de trabajo al tiempo que se fortalecen los sistemas locales de gestión de residuos, lo que mejoraría las condiciones laborales de los recicladores. Teniendo como antecedente la Ley Basura Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue sancionada en gran medida por la presión del movimiento cartonero organizado en conjunto con organizaciones ambientalistas, es que Robles no duda en afirmar que a nivel regional “los cartoneros ejercen presión sobre este tipo de leyes”, por lo que es clave la organización en todo el país. La joven militante ambiental explica que un ejemplo de organización conjunta es el Acuerdo de Escazú, vigente desde abril pasado en América Latina y el Caribe, y por el que se garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en materia ambiental. “No es lo mismo un reclamo aislado en una provincia que el de una organización que está presente en todo el país”, sostiene para valorar que, en definitiva, fueron las y los cartoneros “los que impulsaron esta ley de envases y son apoyados por organizaciones de la sociedad civil”.