Por Jésica Bustos
El Congreso nacional se prepara para debatir un proyecto de ley inédito en el país: reciclado de envases en todo el territorio nacional con inclusión social de las y los recuperadores urbanos. La responsabilidad extendida del productor vuelve a discutirse al calor de la organización del movimiento cartonero, que cuenta además con el apoyo de organizaciones ambientalistas y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), apoyados por organizaciones como Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, presentaron este martes un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y envases post consumo. La presentación de la iniciativa se acompañó con una jornada federal de concentraciones en casi 20 provincias, en la que cientos de cartoneros y cartoneras organizadas se dieron cita en las plazas principales de sus ciudades para visibilizar el trabajo que hacen diariamente en los centros verdes y cooperativas. El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, recibió a una comitiva de las organizaciones que impulsan el proyecto el mismo martes con el compromiso de comenzar a trabajarlo en agosto, tras el receso parlamentario. La particularidad del proyecto es que propone la integración prioritaria en la cadena de gestión de los residuos a las y los trabajadores cartoneros y recicladores, y que vuelve a poner en agenda el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este principio está presente en la Ley General del Ambiente, que establece que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición”.¿Cuántos desechos generamos y cómo los tratamos?
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe, se generan cerca de 231 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Al menos un 20 por ciento corresponde a materiales que pueden reciclarse, como cartón, papel, metal, vidrio y plástico, pero sólo se recupera un 5 por ciento. De acuerdo al diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la Argentina, elaborado por el Banco Mundial, los distritos que más basura generan son Buenos Aires (19.665 Tn/día), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5792 Tn/día), Córdoba (3780 Tn/día) y Santa Fe (3525 Tn/día). En promedio, hablamos de entre 1 y 1,5 kilos de basura por día por habitante. Cada municipio y ciudad del país funciona de forma distinta en lo que a la gestión de residuos se refiere. Y, por lo general, lo hace de manera deficiente. Depende de cada jurisdicción el tratamiento que se le da a la basura, por lo que proliferan los basurales a cielo abierto y es alto el porcentaje de material reciclable que termina en los rellenos sanitarios. Esto se debe a la escasa o nula gestión integral de los residuos. Tampoco existen estadísticas certeras o estudios sobre la conformación de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional. Lo que se sabe es que las características de los mismos varían en función del poder adquisitivo de la población y que sin el correcto diagnóstico de la problemática, la basura sigue siendo una cuestión socioambiental y de salud púbica. Según estimaciones de oenegés dedicadas al recupero de material reciclable, en nuestro país se generan más de 900 mil toneladas de plásticos al año, pero se recicla un porcentaje muy escaso.¿Qué plan propone la Ley de Envases?
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. En lo que toca a este proyecto, se propone recomponer el daño ambiental que producen los envases que no son reciclados. Entendiendo que la problemática de la basura afecta no sólo al suelo y al agua sino también a la salud de las personas. El proyecto prevé la conformación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente, que será la autoridad de aplicación de la norma. El SINAGE implementará programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases y la articulación y coordinación con los Sistemas de Gestión Local (SGL) para la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo. Los Sistemas de Gestión Locales, que serán elaborados por municipios u otras entidades, deberán contemplar un plan de integración social de recuperadores. Y será el Ministerio de Ambiente quien lleve adelante un registro nacional de trabajadores recicladores. Además, establece que todos los sistemas de gestión de envases son “servicios públicos esenciales” y propone crear el Registro de Envases o Embalajes donde se inscribirá el tipo de recipiente y su material, para evaluar su impacto sobre el ambiente. Esta inscripción será obligatoria para los productores tanto para envases y embalajes nuevos, como para los que ya existen en la cadena de comercialización. De esta manera, la ley promueve la reducción de la fabricación de envases nuevos y al mismo tiempo, la revalorización del material reciclable. La introducción de un Registro de Envases es el primer punto para establecer en la norma el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pero además se propone crear una tasa ambiental sobre los productos alcanzados por la ley, que no supere al 3 por ciento del precio de venta del producto envasado y logre una protección mínima ambiental. ¿Cómo? Lo recaudado por esa tasa ambiental creará un fondo destinado a solventar los Sistemas de Gestión Local.
“Dignificar el trabajo y garantizar el servicio de recolección”
Leonor Larraburu, presidenta de la Cooperativa 18 de abril en Escobar y referenta de la FACCyR destaca que el proyecto compromete a la industria “a pagar una tasa por el material que produce y saca al comercio”, que se traducirá en “dignificar el trabajo de los compañeros y garantizar el servicio de recolección”. Larraburu es clara en los objetivos, asegura que la mira está puesta en que “en cada distrito o ciudad los compañeros sean reconocidos, armen un sistema de reciclado con inclusión social que cuente con sus promotoras ambientales y se concientice así a los vecinos”. Y agrega que la meta es lograr que el trabajo de los recuperadores urbanos “se visibilice y se logre un puerta a puerta, donde el vecino le entregue al compañero la bolsa de material limpio y seco” y que ya no deban “estar sacando de un tacho o de las bolsas el material todo mezclado”. Ramiro Martínez, presidente de Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y fundador de la ONG Creando Conciencia, entiende que el desafío es grande y destaca que se llegó al proyecto de ley negociando entre un conjunto de organizaciones “como nunca antes se había concretado dentro del sector”. “El factor aglutinante de la Ley de Envases fue convocante para hablar en muchos casos de las diferencias y aunar criterios y objetivos comunes”, valora.La conciencia del consumidor, la responsabilidad del productor
Martínez asegura que la norma “es pionera en América Latina porque es una síntesis de todas las propuestas de las organizaciones que están involucradas dentro del sector”. A diferencia de otras propuestas o campañas en las que se le pide al consumidor que tome conciencia sobre sus prácticas y actúe en consecuencia, el proyecto de ley de envases parte de la responsabilidad que tienen las empresas que colocan sus productos en el mercado. El titular de Conarcoop explica que otro aspecto innovador del proyecto es que “se define la política de gestión que las grandes empresas deben incorporar hasta la última instancia de la cadena de producción ante cualquier residuo que generen” y contrapone: “En las legislaciones de muchos países del cono sur la responsabilidad siempre es del consumidor”. Sin embargo, reconoce que, seguramente, habrá resistencia de parte de las empresas porque quienes gestaron el proyecto de ley “van a fondo con una propuesta de distribución de la riqueza”, al sentar en una mesa de gestión de residuos al Estado, el sector privado y las organizaciones. Aquí se vuelve de algún modo al “principio de responsabilidad” presente en la Ley General del Ambiente y también sobre Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, sancionada en 2004, en la que se establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos y, por lo tanto, lograr la reducción de los residuos con destino a disposición final. Pero esa norma nacional —a diferencia de la Ley 992 de Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2002— no contempla el trabajo de los recuperadores urbanos.